Este mes de mayo, los habitantes de Soacha recibieron un impacto inesperado al abrir sus recibos de la luz en Soacha. En lugar de las cifras habituales, se encontraron con aumentos desproporcionados en los costos de energía, aseo e incluso un cuestionable cargo por alumbrado público, todo esto mientras algunas calles permanecen en la oscuridad.
¿Qué está pasando?
La pregunta en la mente de todos es simple: ¿por qué esta subida repentina en los costos? A pesar de que las rutinas diarias de los ciudadanos no han cambiado, los números en los recibos han aumentado considerablemente.
Para entender la magnitud del problema, basta con mirar los números. En marzo, un hogar típico podría haber esperado pagar alrededor de 45 mil pesos por energía, 29 mil pesos por aseo y 9 mil pesos por alumbrado público.
Estos números se mantuvieron relativamente estables en abril. Sin embargo, el golpe vino en mayo, con un sorprendente salto a 58 mil pesos por energía, 32 mil por aseo y 9,878 pesos por alumbrado público. Todo esto, mientras que muchos continúan a oscuras bajo la inseguridad.
¿Dónde está la solución?
La comunidad de Soacha, sintiéndose abandonada por la Alcaldía y sus líderes locales, ha decidido tomar cartas en el asunto. Las redes sociales gritan con tomar acción, y planes para manifestaciones y paros en busca de respuestas concretas.
Pero las empresas implicadas, como Urbaser y Enel Codensa, no están exentas de críticas. Mientras Urbaser defiende sus tarifas, Enel Codensa y la Alcaldía queda mal por el presunto abandono del mantenimiento en las redes de alumbrado público.
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El problema no solo afecta los bolsillos de los ciudadanos, sino también su sensación de seguridad. Con calles a oscuras y costos crecientes sin explicación, la preocupación está en aumento. ¿Quién asumirá la responsabilidad de esta situación?
En conclusión, los recibos de la luz en Soacha no es simplemente una cuestión de facturación, sino un reflejo de problemas más profundos relacionados con el acceso a servicios básicos y la seguridad ciudadana. Es hora de que las autoridades y las empresas responsables respondan a las legítimas preocupaciones de la comunidad.