La transparencia en la administración pública es una exigencia ciudadana. Sin embargo, las irregularidades atribuidas al alcalde, Víctor Julián Sánchez Acosta, conocido como Perico, podrían poner en jaque su permanencia en el cargo. A continuación, exploramos las acusaciones y las posibles consecuencias legales del alcalde de Soacha, con los manejos de contratos y enredos de plata. Te explicamos qué pasó.
Donaciones sospechosas: el centro del escándalo
La campaña electoral de Perico está bajo la lupa por reportes financieros dudosos. Un caso clave es el de Karol Yurani Moreno Castro, quien figura como donante de 27 millones de pesos en especie. Sin embargo, los soportes documentales presentan inconsistencias graves:
- Donación registrada: 27 millones.
- Acta firmada: 133 millones.
- Pagos reales: 20.000 pesos para papelería.
Además, Karol Moreno aparece como contratista de la misma campaña, recibiendo pagos por servicios administrativos. Esta contradicción apunta a un posible montaje para justificar ingresos inexistentes.
47 facturas sin requisitos legales mínimos
Se encontraron 47 facturas que no cumplen con los requisitos mínimos legales, como la ausencia del NIT, el nombre del proveedor o datos clave para su validez. Peor aún, en muchos casos los soportes consisten en cotizaciones que no tienen validez contable o en recibos repetidos, llenados a lápiz y con una letra similar, lo que despierta sospechas de manipulación.
Pagos cuestionables y una matemática generosa
Entre los documentos, se destacan recibos con pagos realizados por terceros, al señor Pablo Cajamarca Martínez, quien habría abonado 700.000 pesos a una lechonería. Además, el propio candidato habría desembolsado 2.600.000 pesos por tortas de queso, una cifra que parece desproporcionada para este tipo de gasto.
Estos hallazgos, sumados a las acusaciones previas, refuerzan las dudas sobre la administración de los recursos en esta campaña. El caso subraya la necesidad de un control más estricto sobre los gastos de los candidatos y pone en el centro de la discusión la integridad de los procesos electorales en Soacha.
Alumbrado público: ¿derroche innecesario?
Otro foco de críticas es el contrato de 2.398 millones de pesos firmado con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca para gestionar el alumbrado público.
- Costo adicional: 130 millones en “gerencia”.
- Problema: Este gasto pudo evitarse si el municipio hubiese liderado el proyecto directamente.
La extensión del contrato, que debía finalizar en tres meses, generó sobrecostos significativos para los ciudadanos de Soacha.
Incompatibilidades legales
Uno de los hechos más polémicos es la posesión irregular del cargo de alcalde. Según denuncias:
- Perico no renunció a su puesto como diputado antes de asumir la Alcaldía el 31 de diciembre de 2023.
- Continuó utilizando recursos públicos, como camionetas y equipo oficial, mientras desempeñaba ambas funciones.
- Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló inicialmente a su favor, un documento exclusivo revela que firmó el acta de posesión en la Notaría Segunda de Soacha horas antes del cierre de su cargo como diputado, un hecho que podría considerarse violación del régimen de incompatibilidades.
La administración en la cuerda floja
- El caso de Julián Perico no solo afecta su imagen, sino que plantea preguntas importantes sobre la transparencia en la gestión pública. Los ciudadanos de Soacha merecen respuestas claras y acciones contundentes. Las autoridades deben garantizar que las leyes se cumplan sin privilegios ni favoritismos.
- Posibles consecuencias legales
- Si las acusaciones son confirmadas, el alcalde enfrentaría serias repercusiones. Pérdida de investidura: Según el artículo 184 de la Constitución, los funcionarios que violen el régimen de incompatibilidades deben ser destituidos.
Inhabilitación política: La Ley 734 de 2002 establece que quienes cometan faltas graves pueden quedar inhabilitados hasta por 20 años. Sanciones penales: Delitos como peculado por apropiación o falsedad documental implican penas de prisión y multas significativas.
Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría ordenar la devolución de recursos públicos si se comprueba el uso indebido de reposiciones de campaña.
- ¿Qué dice la ley colombiana?
- La Constitución Política exige que todos los servidores públicos actúen con transparencia y probidad. El incumplimiento de estas normas pone en riesgo la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones democráticas.
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En casos como este, la Procuraduría General de la Nación tiene la facultad de investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos. Asimismo, la Fiscalía General puede intervenir para investigar posibles delitos penales.
El caso del alcalde de Soacha con los contratos y manejos de plata, refleja un grave desafío para la justicia en Colombia. Si las acusaciones se comprueban, sería un ejemplo contundente de que la corrupción no puede quedar impune. Soacha merece respuestas claras y una administración honesta. Tú ¿Qué opinas?.
